La Federación Internacional de Periodistas dio a conocer su
listado final 2025 de periodistas y trabajadorxs de medios asesinadxs a nivel global, que confirma que al menos 11 comunicadorxs fueron asesinadxs en América Latina y el Caribe durante el año. Ocho casos más fueron registrados en 2025, pero aún continúan bajo investigación o no hay aún indicios claros que vinculen esos crímenes con la actividad periodística de las víctimas. Estas cifras vuelven a ubicar a la región entre las más letales para el ejercicio del periodismo a nivel global.
El relevamiento regional muestra que México concentra el mayor número de casos totales (tres confirmados y cinco todavía en investigación), seguido por Perú (4), Ecuador (uno confirmado y dos pendientes), Guatemala (dos casos pendientes de confirmación), Colombia (1) y Honduras (1), con víctimas que en su mayoría trabajaban en medios locales, comunitarios o digitales, y que investigaban corrupción, crimen organizado, violencia política y abusos de poder a nivel local o regional. En numerosos casos, los periodistas habían recibido amenazas previas o se encontraban bajo algún tipo de riesgo conocido, sin que existieran mecanismos de protección eficaces.
Las cifras por sí solas ya describen un escenario complejo, pero en algunos casos requieren de un análisis más pormenorizado. Ese es el caso de Perú, en donde no se registraban asesinatos de trabajadorxs de prensa en casi una década y solo en los últimos 12 meses hubo cuatro crímenes que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú vincula directamente con la labor periodística de los colegas afectados. Además, este año hubo también numerosos casos de atentados y amenazas que terminan de completar un panorama alarmante para la libertad de prensa en el país andino.
La falta de confirmación oficial o de investigaciones que aporten elementos para sostener que los asesinatos están vinculados al trabajo investigativo de las víctimas advierte que esta situación refleja un patrón estructural de debilidad institucional, demoras judiciales y falta de voluntad política, que impide esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables.
Además de los asesinatos, este año en la región se registraron atentados que afortunadamente no dejaron víctimas fatales pero que funcionan como actos de disciplinamiento cuyo efecto, en muchos casos, puede ser la autocensura. También hubo agresiones a periodistas en coberturas, con hechos de violencia en particular hacia quienes trabajaban en contextos de protesta social. El caso mas destacado se registró en Argentina, en donde un fotorreportero sufrió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por un miembro de las fuerzas de seguridad. Otro tipo de impedimento a la labor periodística que crece año a año en la región es la judicialización, que no solo afecta a quienes son denunciados sino que también aporta al silenciamiento del resto de lxs trabajadorxs de prensa, que se autocensuran para no sufrir las consecuencias de la persecución judicial.
Tal como ha señalado la FIP en informes previos sobre la región, la impunidad sigue siendo el principal factor que habilita la repetición de la violencia. En la mayoría de los casos registrados en 2025, no se ha identificado a los autores intelectuales, y en muchos ni siquiera se han producido avances significativos en las investigaciones. Esta ausencia de justicia envía un mensaje peligroso: asesinar a un periodista en América Latina y el Caribe sigue siendo un crimen de bajo riesgo.
La FIP recuerda que cada periodista asesinado no solo representa una vida truncada, sino también un ataque directo al derecho colectivo de las sociedades a estar informadas, especialmente en contextos donde la prensa local cumple un rol clave en la denuncia de la corrupción y los abusos de poder. La violencia letal contra periodistas es, en este sentido, una forma extrema de censura.
La Federación Internacional de Periodistas exige a los Estados de la región que investiguen de manera pronta, exhaustiva e independiente todos los asesinatos de periodistas, incluidos aquellos aún pendientes de confirmación; que prioricen la labor periodística como línea principal de investigación; y que adopten políticas integrales de prevención, protección y combate a la impunidad. Sin justicia, no hay garantías para el ejercicio del periodismo ni para la democracia.
México
Perú
Ecuador
Guatemala
Colombia
Honduras